La investigación: los errores (Parte 8/10)

Bar el Palmar / Foto: Lucía Vergara

Autor: Misión de Observación

“Él es el fotógrafo”, gritó uno de los hombres armados cuando identificó a Gregorio. En ese momento uno de los agresores le colocó el cañon de la pistola en la cabeza y el otro lo amagó con un cuchillo en el abdomen, lo empujaron y se lo llevaron.

En el expediente que integró la Procuraduría General de Justicia de Veracruz sobre su secuestro, tortura y crimen existen las pruebas que demuestran que fue secuestrado y asesinado por motivos profesionales, aunque la autoridad ministerial evada reconocer que se trata de un ataque directo a la libertad de expresión por parte de un grupo del crimen organizado, probablemente Los Zetas, que opera en la zona sur de Veracruz.

La investigación ministerial acusa otras fallas aún más graves: deficiencias técnicas que podrían beneficiar a las personas que hasta ahora fueron sometidas a juicio y facilitar su liberación. Algunas de estas fallas: la falta de órdenes de cateo y de aseguramiento precautorio, inexistencia de dictámenes médicos que certifiquen antes y después de los interrogatorios la salud de los acusados, falta de verificación de la información que confesaron, tampoco se llevo a cabo la identificación por parte de la familia de los agresores, y ausencia de certificación de pruebas encontradas en la casa de seguridad. Además, las reconstrucciones de hechos contienen deficiencias graves.

Las autoridades se enfocaron a averiguar y encuadrar una sola línea de investigación, la más sencilla, sin profundizar, ni siquiera explorar las pruebas que surgieron y sobresalen de entre sus propias diligencias, y que podrían desembocar hasta el posible involucramiento de empresarios de la región vinculados a políticos y probablemente asociados con el crimen organizado, como es el caso que detallaremos más delante de la familia Sam.

La Procuraduría de Justicia de Veracruz, al menos en el discurso oficial, sostiene que las investigaciones sobre el asesinato de Gregorio continúan, pero en los últimas semanas no ha mostrado ningún avance. Y como parte de su estrategia hizo corresponsable de las pesquisas a las autoridades federales, dando vista a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que están obligados a investigar el caso y a pesar de ser  áreas especializadas tampoco muestran avances hasta esta fecha.

Los testimonios, pruebas y diligencias que hilvanan en el expediente el caso de Gregorio muestran las deficiencias e inconsistencias de las autoridades que atendieron la emergencia, la forma en que la manejaron y muestran un caso sin cerrar. Aquí las partes de mayor interés en el expediente.

Los vacíos del comienzo

El día en que fue secuestrado Gregorio, la Procuraduría primero solicitó las medidas cautelares de protección para la familia y después la localización, búsqueda y presentación del periodista.

Los dos oficios fueron dirigidos ese 5 de febrero a la Policía Federal (PF), a la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI), la Policía Intermunicipal, el Comandante de la Sexta Compañía de Infantería no Encuadrada, la Delegación de Tránsito y Vialidad, y las procuradurías de justicia de todos los estados.

No hay respuesta oficial de cada dependencia, sólo algunos tienen los sellos de las horas en que esas autoridades recibieron la petición, que varían de entre el medio día y las ocho de la noche.

El expediente no documenta el despliegue de todas esas fuerzas, por lo que no hay confirmación oficial sobre si existió, en qué momento comenzó, cuántos efectivos participaron, cómo se organizaron, en qué lugares y cómo buscaron, que implementos técnicos usaron y cuánto tiempo duró toda la operación.

La Procuraduría tampoco verificó cómo actuaron los cuerpos policiacos de Coatzacoalcos y Las Choapas (donde fue encontrado el cuerpo del reportero), antes, durante y después del secuestro, para descartar cualquier complicidad de su parte a favor de los secuestradores.

El ataque

Gregorio se levantó a las  6:15 de la mañana, se vistió y se lavó la cara, guardó su cartera, tomó su Nextel y su mochila en la que guarda la cámara, salió de su casa con cuatro de sus hijos y se fue en su Chevy Monza a dejar a la escuela a dos de ellos.

En pocos minutos regresaron a la casa. Apenas habían entrado Gregorio y sus dos hijas, cuando tres hombres encapuchados tiraron la puerta de lámina y algunas ventanas y sometieron a los tres. Vestían de negro y portaban pistolas, segundos antes se habían bajado de una camioneta gris, con una franja negra, que dejaron con el motor encendido.

“El sujeto que entró por la ventana le apuntó a la cabeza con su pistola y otro de los sujetos que era gordito le gritó al que le apuntaba a la cabeza a mi papá:

“‘Él es el fotógrafo’, señalándolo, y otro sujeto le puso un cuchillo en el abdomen.

“Cuando yo vi esto miré hacia el que nos estaba apuntando a nosotras, y le dije que por favor no le hiciera nada a mi papá, que él no les había hecho nada. Y esta persona me miró a los ojos y me dijo:

“‘No te preocupes, somos los efectivos, no le va a pasar nada’”, narró ante el Ministerio Público Flor Jiménez, hija de Gregorio.

En esos segundos en que los encapuchados le ponían esposas al periodista y sometían a sus dos hijas, uno de los hombres le gritó al que encañonaba a Gregorio:

“‘Quítale la cámara, quítale el rollo, quítale el radio’, pero mi papá aventó la cámara y ya no se la llevaron”, detalló en el acta ministerial Cindy, la hija mayor de Gregorio.

Los secuestradores se lo llevaron a empujones hasta el vehículo encendido, lo subieron y “huyeron por [la avenida Gutiérrez] Zamora”. Esa misma camioneta, aseguró Flor, la vio hace un mes “estacionada frente a la casa de la hija de doña Teresa, mismo tipo de camioneta… Allí llegan de distintos carros nuevos, casi diario llega un carro diferente”.

En tres minutos y medio ocurrió todo, declaró Flor ante el Ministerio Público. Y dejó asentado que el secuestro se cometió a las 7:15 de la mañana.

Posibles móviles

Carmela, esposa de Gregorio, pudo presentar la denuncia penal cinco horas después del secuestro de Gregorio, a las 12:15 horas, cuando los agentes del Ministerio Público se presentaron al hotel donde la resguardaban. Al igual que sus hijas, ofreció a la Procuraduría detalles de lo que ocurrió esa mañana durante el ataque y sobre dos hechos que ocurrieron entre septiembre y noviembre del año pasado que podrían ser, de manera separada o vinculada, móviles del ataque.

Móvil uno:

En su declaración, una de las primeras cosas que dijo Carmela fue que su esposo le comentó su preocupación por una fotografía que él había tomado y que se publicó en los tres diarios en los que colaboraba. En la imagen aparecía una casa propiedad de la empresaria Mari Sam y en la que fueron rescatadas tres personas secuestradas y dos presuntos plagiarios, un caso que atrajo la PGR porque podría estar vinculado con Los Zetas.

Gregorio sabía que era el único que había tomado la fotografía y trató de que nadie lo viera, porque la familia Sam es muy conocida en la zona por sus restaurantes de mariscos y su relación con funcionarios federales y municipales, también algunas columnas locales los vinculan con la invasión de terrenos.

Su esposo le contó que ‘la señora Mary Sam[1] (sic) estaba molesta por una casa de seguridad” y que la persona que “se dio cuenta que tomó la foto fue Avenamar Vega Pablo[2] y quizá él le informó a Mary Sam”.

“No recuerda quién le dijo a su marido, (pero) le dijo a mi marido que se cuidara, porque la señora Samy (sic) andaba preguntando quién había sacado la foto, que después de esto llegó un coche de color azul marino, tipo Tsuru, frente a mi casa, se detuvo y se daba la vuelta, pero luego llegó en diferente día una camioneta tipo Lobo de color negro y la persona que la manejaba pasó mirando, pero no le di importancia porque mucha gente llega a preguntar para comprar terreno”, declaró Carmela el 5 de febrero de 2014.

La esposa de Gregorio se refería en su declaración ministerial a la fotografía y nota que aparecieron en portada en los periódicos Notisur y El Liberal del Sur, el 29 de noviembre de 2013.

Los diarios de la zona sur de Veracruz publicaron la misma información: que los agentes del Mando Único habían rescatado a tres personas secuestradas, una de ellas menor de edad, y que habían detenido a dos taxistas como presuntos plagiarios. Pero sólo en los medios informativos en los que trabajaba Gregorio apareció la imagen de la casa tomada por él y, principalmente, fueron los únicos periódicos que relacionaron públicamente el domicilio del secuestro con la empresaria Mari Sam[3].

El inmueble no fue asegurado en noviembre –cuando se cometió el secuestro– sino hasta febrero pasado, porque extrañamente el Ministerio Público a cargo de las investigaciones sólo simuló el trámite. Al ser descubierto, el agente del MP fue removido del caso, se incautó formalmente la casa y la PGR continúa con la investigación del secuestro por sus posibles vínculos con el crimen organizado.

La Procuraduría de Veracruz ignoro por completo esta línea de investigación. No realizó ninguna diligencia para definir si la publicación de la fotografia y la nota tuvieran algún vínculo con el asesinato del periodista. Se omitió citar a declarar a las personas mencionadas por Carmela y a los dueños del inmueble, tampoco se pidió apoyo a la PGR sobre las indagatorias contra los taxistas y presuntos secuestradores para identificar sus ramificaciones y vinculaciones, y ni siquiera se integró al expediente la fotografía que tomó Gregorio, así como las notas periodísticas que publicó al respecto.

Los testimonios recabados confirman que sí había un severo malestar en la familia Sam por la información publicada, porque incluso David Arreola Sam, hijo de Mary Sam, ex funcionario federal y conocido empresario en la zona con fuertes vínculos políticos con el llamado “Grupo Coatza”, llamó a la redacción de uno de los diarios (del cual omitimos el nombre para evitar represalias), para anunciarles que los demandaría por difamación y calumnias, procedimiento legal que hasta ahora no ha iniciado. 

Móvil dos:

El segundo posible móvil que mencionó la esposa de Gregorio en su declaración y que fue el único que investigó la Procuraduría se trata de un problema más añejo, que se desató en 2013 y fue, aparentemente, por una confusión.

“Que hace dos meses y medio la señora Teresa de Jesús Hernández Cruz tenía problemas con una de sus hijas de Gregorio, Cindy, porque Raúl Hernández Cruz, quien fue su esposo, no le daba pensión a las hijas de Cindy”, explicó Carmela.

Teresa Hernández y Cindy llegaron a los golpes, por lo que Gregorio intervino y las separó, pero en ese momento “Teresa le gritó (dirigiéndose a Gregorio) ‘tú cállate, porque tú te vas a morir, yo te voy a mandar a matar, no sabes ni con quién te metiste, ¿te acuerdas de la nota que sacaste?[4], esa te la tengo reservada y conozco a los Zetas y te voy a mandar a matar’”, relató Cindy en su declaración.

 “Mi esposo le dijo (a Teresa) que no había escrito que (El Palmar, un bar propiedad de Teresa Hernández) era de mala muerte…”, sostuvo Carmela.

La nota que Gregorio había escrito en efecto no usa algún calificativo para la cantina El Palmar ni en ninguna línea aparece que es de mala muerte. El texto únicamente mencionaba que en ese bar había estado Gilberto Torres Reyes consumiendo algunas bebidas y que al salir, dos cuadras más adelante, lo atacó “un grupo de jóvenes que acostumbran reunirse en ese sector”[5].

En la misma declaración ministerial, la esposa de Gregorio mencionó que “Teresa presume que su yerno (Sergio Montalvo López[6]) fue policía y pertenece a Los Zetas, que venía huyendo de Covarrubias”.

Hernández Cruz, de 51 años, en su defensa declaró ante el Ministerio Público el 6 de febrero que el día del incidente estaba molesta por una nota y “yo tenía mis chelas encima y le dije ‘te voy a pegar de plomazos’”. Pero agregó que todo se había arreglado y ante el agente investigador aseguró que pagó seiscientos pesos por unas macetas que le rompió a la familia de Gregorio, a quien dijo conocer hace dieciocho años, y “no ha habido problemas hasta ahora”.

“Que diga la declarante si sabe a quien se denomina Zeta”, le preguntó el agente del Ministerio Público. “No, que no conozco a nadie relacionado con ese grupo”, respondió Teresa en la única declaración ministerial que aceptó rendir un día después del secuestro, porque cuando se le intentó interrogar por segunda ocasión, ya en calidad de indiciada, se reservó su derecho.

Otra línea olvidada

Una tercera línea de investigación que omitió la Procuraduría de Veracruz fue el trabajo periodístico de Gregorio, ante el posible interés de un grupo criminal de que no se publique información sobre sus acciones en la zona. Lo anterior es un patrón de conducta que se ha visto en los ataques a periodistas en estados como Tabasco, Tamaulipas, Coahuila, Baja California, Chihuahua, Nuevo León o Michoacán, por ejemplo.

Gregorio escribía notas sobre accidentes, peleas, suicidios o robos, pero al crecer las operaciones de un grupo del crimen organizado que fue tomando el control de Villa Allende a través de asesinatos, desapariciones, secuestros, extorsiones, asaltos, balaceras y la venta de drogas al menudeo, se enfocó en denunciar sus actividades.

El grado de exposición al riesgo de la población en la zona fue tan alto que todos los sectores sociales exigieron la presencia del Ejército. Fue así que se establecieron retenes y  patrullajes militares a partir del 24 de enero –apenas 12 días antes del secuestro de Gregorio– aunque su presencia fue disminuyendo al paso de los días.

La autoridad ministerial no indagó este aspecto y tampoco lo ha hecho la FEADLE. Lo único que hizo la Procuraduría estatal fue transcribir en el expediente algunas notas que Gregorio publicó entre diciembre y febrero de este año en Notisur, pero no incluyó las que aparecieron en los otros dos medios de comunicación para los que también laboraba, El Liberal del Sur y La Red.

Las herramientas de trabajo del periodista tampoco fueron revisadas por la autoridad ministerial. Ni la computadora que Gregorio tenía en su casa y en la que redactaba sus notas, ni su cámara fotográfica que intentaron llevarse los secuestradores, o el dispositivo USB que utilizaba. El café internet El Cibernauta, desde el cual enviaba a los medios, no fue objeto de ninguna indagación ministerial.

Otras falencias detectadas en la investigación oficial fueron la inexistencia de algún certificado ministerial sobre la revisión de la página de Facebook del periodista, donde difundía su información y comentarios; no se revisaron las computadoras que utilizaba Gregorio durante sus guardias en los periódicos, ni tampoco fueron entrevistados sus compañeros y sus jefes. Mucho menos se llevó a cabo una correlación de hechos entre las notas del periodista, las operaciones del grupo del crimen organizado y su secuestro, tortura y asesinato.

El Ministerio Público únicamente solicitó a Notisur, el 8 de febrero, que le informara en qué sección escribía, fecha que comenzó a laborar y las notas que elaboró “en este año”. El periódico respondió dos días después, el 10 de febrero, les envió un dispositivo USB con las notas de Gregorio y un oficio en el que asentaban que “era reportero y escribía en las secciones policiaca, nota blanca y sociales, laborando en esta casa editorial desde junio de 2012”, recibiendo 750 pesos quincenales más el pago de 20 pesos por nota. El Ministerio Público revisó el USB y certificó su contenido. Eso fue todo.

Vinculan otros casos

En el expediente no existe una relación clara de cómo los investigadores llegaron hasta los autores materiales del secuestro y los detuvieron. Sólo aparece un oficio fechado el 9 de febrero en el que se ordena la búsqueda de información sobre secuestros ocurrido en Villa Allende y el robo de una camioneta con las características que supuestamente tenía la que usaron en el caso de Gregorio.

En un informe de respuesta, fechado ese mismo día, se incluyeron tres casos. El primero fue el secuestro del líder de la CTM, Ernesto Ruiz Guillén, “El Cometierra”, ocurrido el 18 de enero de este año, en el que se aseguraba que se usó la camioneta gris y el mismo patrón: seis hombres participaron armados, aunque le dispararon en el pie porque trató de huir. Desde entonces permanecía desaparecido.

Un segundo caso fue el de una persona asesinada el 23 de enero de 2014 –trece días antes del secuestro del periodista–, en un cuarto de Villa Allende. Se reportó que testigos vieron la misma camioneta a las 16:30 horas, de la que se bajaron seis hombres, ingresaron al inmueble, dispararon y huyeron.

El tercer caso fue el del secuestro de una menor, hija de un pequeño empresario, que había sido ya devuelta a su familia tras el pago del rescate, que consistió en dinero y una camioneta.

Gregorio reportó cada uno de estos casos y los publicó en los tres diarios para los que trabajaba. Describió cuándo y cómo secuestraron a “El Cometierra”, informó sobre el asesinato del joven de quien se conoció su identidad días después, y dio cuenta del plagio de la menor. Cada nota fue acompañada de abundantes detalles y fotografías.

José Luis Márquez Hernández “El Pony”, uno de los detenidos por el secuestro y crimen del periodista, en la única declaración que rindió ante el Ministerio Público el 10 de febrero reconoció que secuestraron a la menor y también a “El Cometierra”, a quien plagiaron y mataron porque “le faltó el respeto a la mamá del ‘Choco’”.

El de Ruiz Guillén, El Cometierra, fue uno de los cuerpos que encontraron los investigadores en una fosa cercana a la de Gregorio.

Autor: Misión de Observación.

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[1] Se refiere a Mari Sam, empresaria de Coatzacoalcos, dueña del lujoso restaurante Piquitos y presidenta de la Fundación Mary Sam, dedicada a preliberaciones de reos, mejoras en reclusorios, donación de juguetes a niños y apoyos en implementos médicos para personas de la comunidad, por lo que ha recibido reconocimientos del gobierno del estado. Es madre del también empresario David Arreola Sam, quien administra ese restaurante y el Brazao, además de coordinar las tareas de la Fundación; hasta diciembre pasado fue representante de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros (CONDUSEF) en Coatzacoalcos y actualmente forma parte de la mesa directiva de la CANACO de la misma ciudad veracruzana. Se trata de una familia muy vinculada a la clase política de la región.

[2] Agente municipal de Villa Allende, Coatzacoalcos

[3] Ver notas en Anexo

[4] La nota se publicó el 24 de septiembre de 2013 en el periódico Notisur, bajo el título “Lo agujerearon” y fue firmada por El Pantera, sobrenombre que empleaba Gregorio Jiménez de la Cruz, y Ricardo Hernández Segura.

[5] Ver nota en Anexo

[6] Ex inspector de policía de Hueyapan de Ocampo, de acuerdo a las declaraciones de sus familiares asentadas en el expediente de la Procuraduría de Justicia de Veracruz.

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